“La Lectura Fácil no deja de ser una metodología reactiva a la falta de accesibilidad al conocimiento para personas con dificultades de comprensión lectora. Nuestro planteamiento es que esta opción debe ampliarse para que en las políticas y en todas las Administraciones públicas se plantee como principio general “el derecho de todos los ciudadanos a recibir una información clara y sencilla”, en el marco de lo que se conoce internacionalmente como Plain Language Movement y que en España denominamos “Lenguaje llano o lenguaje sencillo”.

Estas palabras de Agustín Matía, gerente de Down España, resumen perfectamente la relación complementaria existente entre los conceptos de Lectura Fácil y Lenguaje llano/ciudadano y la necesidad de que acaben convergiendo cuando se trata de cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal. Hablamos de generalizar el diseño para todos en la comprensión de textos, mensajes y documentos.

El camino hacia una sociedad accesible para todas las personas ha centrado su esfuerzo mayormente en la accesibilidad física (adaptación de entornos, ayudas técnicas, diseño arquitectónico, etc). En el ámbito de la accesibilidad cognitiva, las políticas de igualdad de oportunidades tienen todavía mucho por hacer y reconocer.

Las personas con dificultades lectoras y/o de comprensión (alrededor de un 30% de la población) cuentan con la lectura fácil como una herramienta de apoyo, para hacer efectivo el derecho a acceder a la lectura, la cultura y la información. Las directrices de la IFLA de 1997 y de la ILSMH-Inclusion Europe marcan las directrices para elaborar contenidos con esta metodología. Por eso, es lógico pensar que la información pública a la que se accede a través de la lectura (normativa, documentos administrativos, literatura, noticia, información de servicios, etc) debería de incorporar la lectura fácil para un público determinado.

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Pero ¿y si fuéramos más allá? ¿Si hiciéramos universal la idea de la accesibilidad cognitiva? Si desde las Administraciones públicas (incluso en la empresa privada) se apostara por generar un estilo de escritura basado en las tres premisas del Plain Language “claridad, sencillez y utilidad”, estaríamos dándole el sentido de “diseño para todos”. Lo importante no sería la adaptación a Lectura Fácil de los textos, sino su mayor universalización en términos de sencillez y comprensión. Teniendo en cuenta además, los estudios que avalan el coste “social y económico” del uso de un lenguaje poco claro. El ahorro en tiempo y dinero de las organizaciones es evidente cuando se opta por el lenguaje llano.

Lo vieron claro hace décadas en Suecia (Plan Swedish Group, 1976), el Comité COSLA en Francia (2002), el Plan Writing Act of 2010 en Estados Unidos, y en otros muchos países. Se trata de incluir estos conceptos en las legislaciones relacionadas con la accesibilidad o en leyes propias que promuevan su uso en las administraciones públicas. Lo acaba de hacer el Gobierno de El Salvador en su recientemente publicada LAIP (Ley de Acceso a la Información Pública),  que incluso cuenta con versión de la ley en Lectura Fácil.

La oportunidad en nuestro país pudiera estar en la Ley de Transparencia, aunque en el proyecto de la misma poco o nada se habla de este tema. Tampoco parece que vaya a estar presente en la Ley General de Accesibilidad.

Sólo podemos contar con experiencias e iniciativas muy concretas en algunas comunidades autónomas y la apuesta de unas cuantas administraciones locales (Ayuntamientos en Cataluña, fruto del trabajo conjunto con la ALF) o juntas-generales-bizkaia-instan-diputación-promover-lf (impulsados por Lectura Fácil Euskadi) por promover el lenguaje llano/ciudadano. En el caso de estas últimas, de reciente aprobación, esperemos no se queden en meras declaraciones de intenciones.
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